Diputados aprobó proyectos de ley sobre seguridad 
Tras un debate de cinco horas, obtuvieron media sanción el procedimiento judicial para los casos de flagrancia y las nuevas técnicas especiales de investigación policial. Cambiemos contó con apoyo del Frente Renovador. El kirchnerismo se retiró del recinto antes de culminar la votación.
La Cámara de Diputados aprobó este miércoles dos de los primeros proyectos propuestos por el presidente Mauricio Macri en materia de seguridad, relativos al procedimiento judicial para los casos de flagrancia y nuevas técnicas especiales de investigación para los delitos complejos.
La primera iniciativa obtuvo 171 votos a favor, 11 en contra y 9 abstenciones –de parte del bloque kirchnerista-, mientras que la segunda alcanzó 129 votos a favor, 9 en contra y 3 abstenciones, éstas últimas de Compromiso Federal.
Cambiemos contó con el respaldo del Frente Renovador para ambas propuestas de ley, y del Frente para la Victoria en el caso del proyecto sobre flagrancia, que sufrió numerosas modificaciones a pedido de la oposición.
Sin embargo, el kirchnerismo se retiró al momento de votar las nuevas figuras para la investigación policial, en rechazo al proyecto más allá de los cambios que pudieran introducirse. “Preferimos no ser funcionales a la votación”, explicó Diana Conti.
En tanto, el Frente de Izquierda y el interbloque Progresista votaron en contra de los proyectos, y el bloque Justicialista, a favor.
“Con estos procedimientos vamos a lograr defender al imputado en sus derechos, asistir a la víctima y atender el reclamo de la sociedad”, garantizó el presidente de la Comisión de Seguridad Interior, Luis Petri, quien abrió el debate.
El proyecto sobre flagrancia, que introduce modificaciones al Código Procesal Penal, consiste en lograr un juzgamiento rápido de los delitos en los cuales sus autores son aprehendidos en el momento mismo de su realización, permitiendo su condena.
El diputado de la UCR-Cambiemos explicó que también se considera delito en flagrancia inmediatamente después, “cuando (el delincuente) es perseguido por la autoridad policial, la víctima o el clamor popular”.
El mecanismo para estos casos establece que “el detenido será trasladado ante el juez a fin de participar de una audiencia oral inicial de flagrancia que deberá llevarse a cabo dentro de las 24 horas desde la detención”, prorrogables por otras 24.
A esa audiencia deberían asistir el Ministerio Público Fiscal, el imputado y su defensor, y la víctima también tendría derecho a participar, ser parte querellante y declarar sin la presencia del imputado, si lo solicita.
Por el Frente para la Victoria, Rodolfo Tailhade pidió que “en ocasión de las protestas sociales esté excluida la posibilidad de poner en marcha el procedimiento de flagrancia”, lo que fue aceptado por el oficialismo.
Por otra parte, la titular de la Comisión de Legislación Penal, Gabriela Burgos (UCR-Cambiemos) defendió el proyecto que crea las figuras del agente encubierto, el agente revelador, el informante, la entrega vigilada y la prórroga de jurisdicción.
La jujeña indicó que se busca “la persecución a las organizaciones criminales que han penetrado en nuestro país, porque desde hace bastantes años tenemos fronteras sumamente permeables que han posibilitado, entre otras cosas, el desarrollo del narcotráfico”.
“Se ha cambiado la fisonomía del accionar delictivo, y los delitos que antes eran comunes se han transformado en complejos. Necesitamos herramientas útiles para poder afrontar este tipo de delincuencia, conformada por bandas altamente organizadas, muchas de ellas con un fuerte poder económico”, sostuvo Burgos.
Y agregó: “El paradigma del delito ha cambiado, ha evolucionado, y en muchos casos se ha perfeccionado, por eso necesitamos a su vez un cambio de paradigma para combatir este modus operandi”.
Myriam Bregman encabezó la oposición a los proyectos con su dictamen en minoría. Denunció que el Gobierno busca darle “más poder para las fuerzas represivas” y que “se aumentan cualitativamente los mecanismos de control social contra los sectores populares”.
“Se le da un enorme poder a las fuerzas represivas del Estado. Bajo la forma de un proceso ‘más expeditivo’, se les da una enorme facultad para extorsionar, armar casusas, plantar pruebas”, alertó la diputada del PTS en el Frente de Izquierda.
Para la legisladora, “no se está buscando más justicia: se están buscando más condenas sin juicio”. “Las cárceles seguirán pobladas de jóvenes, de pobres… y seguirá habiendo detenidos por portación de cara”, auguró.
Con respecto a las nuevas figuras para la investigación policial, Bregman advirtió que “son requeridas desde hace años por Estados Unidos” y tildó al proyecto de “reaccionario”. La diputada incluso fue felicitada por Diana Conti, del FpV.
La kirchnerista formuló duras críticas contra los proyectos y pidió “que usen las fuerzas de seguridad para defender lo que corresponde”.
Para Conti, con estas iniciativas “se les baja la intervención a los fiscales” y “los jueces quedan a disposición de la Policía”.
El líder del Frente Renovador, Sergio Massa, no participó del debate por encontrarse en París, Francia, por un seminario de capacitación para líderes políticos. No obstante, su bloque respaldó en general ambos proyectos.
En este sentido, Mónica Litza remarcó la importancia de votar a favor de las dos leyes, pero advirtió que “si no avanzamos en la implementación del sistema acusatorio, vamos a seguir poniendo institutos nuevos en Códigos viejos”, en alusión a la puesta en marcha de la reforma procesal penal.
“La letra de una ley no dice nada si no hay voluntad política”, dijo, y puso como ejemplo que “en la provincia (de Buenos Aires) prácticamente todavía no ha empezado el año judicial”. “Que cambie un ministro a veces no es suficiente”, aseveró al referirse a la renuncia del titular de la cartera de Justicia, Carlos Mahiques.
El massismo, en la voz del demócrata cristiano Juan Fernando Brügge, sugirió dos modificaciones al proyecto de técnicas especiales de investigación, que fueron aceptadas. La primera consiste en que la ley sea de “orden público”, lo que permitiría que pueda ser aplicada en todo el país por jueces y fiscales tanto federales como provinciales.
El segundo cambio pedido por el Frente Renovador obedece a que, cuando un juez o fiscal federal quiera ingresar a un territorio provincial –con la prórroga de jurisdicción- tenga que comunicar al juez local, en 24 horas como máximo, su intromisión.
El diputado Javier David, del bloque Justicialista de Diego Bossio y Oscar Romero, consideró que “es bueno dar herramientas, pero hace falta decisión política fuerte y concreta para ir contra el delito”.
“El Gobierno nacional debe tener decisión política para terminar con falta control en la frontera norte”, retrucó el salteño.
Pablo López, del Partido Obrero, opinó que ambos proyectos en debate significan “un grave atropello a las garantías constitucionales y un reforzamiento del aparato represivo del Estado para ejercer un control social, otorgando un mayor arbitrio al aparato policial”.
Técnicas especiales de investigación
El agente encubierto es el miembro de las fuerzas de seguridad que, “ocultando su identidad, se infiltra en las organizaciones criminales o asociaciones delictivas, con el fin de identificar o detener a los autores, partícipes o encubridores, de impedir la consumación de un delito, o para reunir información y elementos de prueba necesarios para la investigación”.
En tanto, el agente revelador sería designado “a fin de simular interés o ejecutar el transporte, compra o consumo, para sí o para terceros de dinero, bienes, personas, servicios, armas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, o participar de cualquier otra actividad de un grupo criminal, con la finalidad de identificar a las personas implicadas en un delito, detenerlas, incautar los bienes, liberar a las víctimas o de recolectar material probatorio que sirva para el esclarecimiento de los hechos ilícitos”.
La información que el agente encubierto y el agente revelador obtengan “será puesta de inmediato en conocimiento del juez y del representante del Ministerio Público Fiscal interviniente en la forma que resultare más conveniente para posibilitar el cumplimiento de su tarea y evitar la revelación de su función e identidad”.
Además, “el agente encubierto y el agente revelador serán convocados al juicio únicamente cuando su testimonio resultare absolutamente imprescindible”.
En cuanto al informante, se trata de “aquella persona que, bajo reserva de identidad, a cambio de un beneficio económico, aporte a las fuerzas de seguridad, policiales u otros organismos datos, informes, testimonios, documentación o cualquier otro elemento o referencia pertinente y útil que permita iniciar o guiar la investigación para la detección de individuos u organizaciones dedicados a la planificación, preparación, comisión, apoyo o financiamiento” de los delitos complejos.
Por último se establece que “cuando se encontrase en peligro la vida de la víctima o su integridad psíquica o física o la demora en el procedimiento pueda comprometer el éxito de la investigación, el juez y el fiscal de la causa podrán actuar en ajena jurisdicción territorial, ordenando a las autoridades de prevención las diligencias que entienda pertinentes, debiendo comunicar las medidas dispuestas al juez del lugar”.Miércoles, 1 de junio de 2016
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