Cepo al empleo 
(Por Horacio Giusto Vaudagna*) La finalización del conocido “cepo al dólar” fue una de las primeras y más acertadas políticas económicas del actual Ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay. Sin embargo, la gestión del PRO ve peligrar su transición por el proyecto de doble indemnización que pregona gran parte del sector opositor, ya que las consecuencias del mismo serán totalmente contrarias a la finalidad con la que se presenta.
Lejos de protegerse las fuentes laborales, los proyectos de índole intervencionista generan un fuerte freno a la inversión de capitales, dejando sin crédito a toda industria que desee incrementar su mano de obra para expandir la producción.
El mercado no es más que el conjunto de transacciones que realizan los individuos libremente al intercambiar bienes o servicios; y la base para toda interacción económica libre es la confianza, ya que ninguna persona desea ingresar a un lugar del que no podrá salir luego.
Las leyes que se presentan con fines protectores generan un sinfín de nefastas consecuencias para el trabajador, ya que la confianza del posible inversor se debilita ante los riesgos y trabas burocráticas que se presentan a su plan empresarial.
Piénsese que ante la noticia de una posible doble indemnización, aún si no se aprueba el proyecto de ley, el empresario que hoy duda entre mantener un puesto o despedir al operario, por una cuestión de salvaguardar sus intereses va a rescindir tal contrato antes que sea más caro hacerlo en el futuro.
Ahora bien, si los pronósticos del equipo económico del gobierno nacional son acertados y se reactiva la producción interna, continúa siendo una gran desventaja tener aprobada una ley anti-despido.
El industrial, por regla, al momento de ver un panorama favorable a sus intereses intentará expandirse en el mercado. Para ello deberá, en principio, contratar nuevo personal, pero debido al riesgo de una nueva recesión económica en Argentina y lo costoso que sería prescindir del plantel contratado, lo más lógico sería mantener una actitud cauta y simplemente otorgar horas extras al empleado que ya poseía.
Anexo a lo expuesto, optar entre pagar una hora de trabajo normal por el pago de horas extras, cuyo costo es mayor, implicará trasladar esta erogación al producto final, encareciéndolo y perjudicando a la población en general, sobre todo a aquel que ya se encontraba desempleado.
La inversión internacional, que puede apuntar a continuar el proceso de integración al mundo que vive Argentina en la actualidad, deberá pensar si el mercado laboral interno está dispuesto a acompañar el desarrollo industrial que permita reflotar la economía del país.
Las cargas tributarias, esta extensa presión impositiva que padece el empresario, favorece la informalidad del mercado laboral, situación que el inversionista extranjero rechaza por cuanto todo mercado en negro presenta un peligro serio para recuperar la financiación realizada.
Una alta presión fiscal sobre el mercado laboral ocasiona un desajuste en el punto de equilibrio entre la oferta y la demanda. El costo tan elevado de formalizar un empleado, y eventualmente rescindir su contrato, no se puede trasladar directamente al producto, ya que si el bien se encarece en demasía su demanda cae y el sector que lo produce quiebra por falta de ventas; por ello establecer una ley antidespido es simplemente poner un “cepo al empleo”.
Cuando es extremadamente oneroso sostener un puesto de trabajo en blanco, el mercado laboral se cierra o se traslada a la informalidad; es decir, prolifera el mercado en negro ya que son más las personas que están dispuestas a trabajar en dicha informalidad con tal de conseguir un mínimo sustento para su familia.
Por lo expuesto, si se quiere fomentar el empleo, la mejor forma según las experiencias mundiales lo han demostrado, es simplemente presionar menos impositivamente al empresariado. Menor carga tributaria sobre el empresariado implica que todo ese dinero que ya no se destina a impuestos se pueda redirigir a multiplicar los puestos laborales.
Una economía en expansión requiere que todos los actores pueden acceder libremente a sus respectivos mercados. El Estado debe dejar las políticas demagógicas que históricamente solo generaron desempleo o inflación, y comenzar a abrir el camino que brinde seguridad jurídica al propietario de los capitales necesarios para reactivar la economía interna.
*Horacio Giusto Vaudagna es miembro del Centro de estudios LIBRE (www.libertadyresponsabilidad.org), y generosamente envió a la redacción de IusNoticias este artículo de su autoría.Domingo, 24 de abril de 2016
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