La reforma electoral iniciará con boleta única electrónica 
El Gobierno nacional enviará al Congreso en los primeros días de mayo al menos una parte de la promocionada reforma del sistema electoral.
En esta primera etapa incorporará la extinción del voto en papel y el salto al sistema de boleta única electrónica (BUE) y la unificación del cronograma electoral, que igualmente dependerá de un acuerdo político con los gobernadores.
Mientras que otros ítems, como la regulación del debate presidencial o la creación de un órgano independiente responsable de la organización y el control de los comicios, que levantaron tensiones con el Poder Judicial, quedarán para más adelante.
La “ambiciosa reforma política” anunciada el 1 de marzo por el presidente Mauricio Macri empezará a discutirse en la Cámara de Diputados un poco más tarde de lo previsto. Pero en el oficialismo hay tranquilidad, ya que la fecha tope para su sanción está fijada en noviembre. Si se cumple con esa fecha, llegarían en condiciones de empezar a aplicar el voto electrónico en las legislativas de 2017.
Igualmente, no hay grandes expectativas en utilizar la BUE en todo el país desde el año próximo. En el Ejecutivo creen que recién se podrá cubrir todo el territorio con las máquinas electrónicas en 2019, por lo que en 2017 se usaría un sistema mixto. Algunos partidos políticos, además, hicieron planteos por el software que se utilizará, aunque las cuestiones técnicas se saldarían con la promulgación de la ley.
La imposibilidad de alcanzar consensos en algunos puntos claves le impedirá al Ministerio del Interior enviar un proyecto integral este ano. Será entonces un avance gradual, con la mira puesta en las presidenciales de 2019. Por eso en esta primera etapa la ley no traerá la creación del organismo electoral autárquico con el que sonaban el jefe de esa cartera, Rogelio Frigerio, y el responsable del diseño de la reforma, el secretario de Asuntos Políticos y Fortalecimiento Institucional, Adrián Pérez.
Los problemas allí surgieron con la Cámara Nacional Electoral, porque la familia judicial rechaza cualquier pérdida de atribuciones en el control y la organización de los comicios. Fuentes cercanas al desarrollo de las negociaciones explicaron que esta oficina judicial hoy prácticamente coorganiza las elecciones con la Dirección Nacional Electoral, que integra el organigrama de Interior. Pero que si se crea este ente “la única función de la Justicia será recibir denuncias”.
El plan es tener cuatro domingos de elecciones los años impares. Dos serían para las primarias y las generales nacionales, sean legislativas o presidenciales, a las que podrían adherir las provincias que no están obligadas en su Constitución a desdoblar sus comicios; para los distritos que tengan esta limitación serán las otras dos fechas, que servirán tanto para provincias con sistema de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) como para las que aún no se plegaron al régimen nacional sancionado durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.
El Congreso sólo podrá fijar las fechas para las elecciones nacionales. La adecuación de las provincias a un cronograma unificado dependerá de un acuerdo con los gobernadores, camino que ya vienen transitando entre Frigerio, Pérez y los ministros de Gobierno de cada distrito.
También se tomarán más tiempo para afinar el lápiz en la regulación del debate presidencial, que será una ley aparte. No hay urgencia, faltan todavía tres años para su aplicación. En este caso, lo que traba las negociaciones es el sistema de sanciones para los candidatos que se nieguen a participar.Miércoles, 6 de abril de 2016
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