El Congreso se prepara para una agenda intensa en abril
El Congreso terminaría el próximo miércoles con el debate sobre el acuerdo con los fondos buitre y ya se prepara para una agenda cargada a partir de abril, cuando tendrá lugar la votación de los jueces de la Corte Suprema y un paquete de leyes referidas a la Justicia.
Durante los primeros días de marzo, el Senado recibió a los candidatos a la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, y si bien la Comisión de Acuerdos firmó los dictámenes para ambos pliegos, su votación se postergó para abril.
La decisión se tomó frente a la urgencia del Gobierno por sancionar el proyecto de ley que deroga las leyes Cerrojo y de Pago Soberano y habilita el pago a los fondos buitre, que luego de un debate de cinco días será votada el miércoles por la Cámara alta.
Pero la votación de los jueces de la Corte no será el único tema trascendente que le espera al Parlamento para abril, dado que el Gobierno tiene listos para enviar ese mes al menos seis proyectos de ley que integran el programa de reforma titulado "Justicia 2020".
En su última visita al Senado, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, anticipó que los proyectos de reforma del Consejo de la Magistratura, de la Ley de Subrogancias, del Código Procesal Penal y del Ministerio Público de la Defensa, así como la derogación de las Cámaras de Casación "serán enviados en abril".
En tanto, el proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, junto al de Ley de Unificación de los Fueros Correccional y de Instrucción y el de Fortalecimiento de la Justicia Federal con Asiento en las Provincias no tienen fecha prevista, pero los diputados y senadores lo esperan para el mismo mes.
A ese paquete se le sumaría un proyecto de ley impulsado por el Ministerio de Seguridad destinado a incluir en el Código Penal la figura del arrepentido para los casos de crimen organizado, que sería enviado al Parlamento la semana próxima.
En paralelo a esa presentación, se prevé que tomen un nuevo impulso las iniciativas sobre extinción de dominio para los bienes obtenidos con dinero del narcotráfico o la trata de personas, una de las cuales fue presentada por la vicepresidenta Gabriela Michetti.
En tanto, la Oficina Anticorrupción, encabezada por la exdiputada del PRO Laura Alonso, prepara otra iniciativa similar que introduce la figura del arrepentido para los delitos de corrupción.
Según trascendió, el mes que viene el Gobierno también enviaría al Congreso el proyecto de ley que establece la obligatoriedad del debate público entre candidatos presidenciales.
El tema tiene varios proyectos ya presentados en el Senado y en la Cámara de Diputados a raíz de la trascendencia que tomó la discusión por los debates presidenciales en las elecciones de octubre último.Domingo, 27 de marzo de 2016
|
