Justicia en Corrientes: qué son las Oficinas de Gestión Administrativa 
El Dr. Marcelo Midón, abogado y docente de la UNNE, estuvo en Radio Sudamericana dialogando sobre este cambio en la administración judicial en Corrientes. El Superior Tribunal de Justicia de Corrientes analiza un proyecto para la creación de Oficinas de Gestión Administrativa (OGA) para fueros no penales.
Expuso que se trata de un nuevo modelo de organización de la actividad judicial que se aparta de la estructura clásica de los Juzgados. Se fundamenta que con la propuesta, los jueces podrán centrar todo su esfuerzo en la función de juzgar. El Proyecto de creación de la Oficina de Gestión Administrativa (OGA) se planifica para los fueros Civil y Comercial; Laboral; Familia, Niñez y Adolescencia y Administrativo.
El nuevo esquema de trabajo plantea la separación de las tareas jurisdiccionales y administrativas, previendo la creación de la Oficina de Gestión Administrativa (OGA), organismo que concentrará las actividades administrativas, permitiendo que los jueces se ocupen principalmente de la función jurisdiccional.
En este marco, la OGA, a través de las distintas unidades que la integrarán, tendrá a su cargo la recepción de demandas y pruebas; la atención al público; el despacho de los actos procesales con unidad de criterio (providencias unificadas), pero dividido por fueros y tipos de procesos (despachos especializados); el manejo de las audiencias, en un trabajo coordinado con la agenda de los jueces y el diligenciamiento de las comunicaciones judiciales.
La referida propuesta contempla la implementación de un nuevo modelo de organización de la actividad judicial que se aparta de la estructura clásica de los Juzgados, según destaca el Superior Tribunal de Justicia en el Acuerdo N°13.
Se agrega que el esfuerzo de los Jueces se focalizará en la actividad netamente jurisdiccional, vale decir, el dictado de resoluciones y sentencias, la intervención en actos procesales indelegables y la realización de audiencias, a cuyo efecto contarán con la colaboración de Secretarios asistentes y demás personal que se considere necesario, "conformando unidades más ágiles y eficientes".
En definitiva, se resalta que el proyecto tiene como objetivo impulsar una organización más racional de los recursos humanos y materiales del Poder Judicial, que haga posible la distribución del trabajo en equipo, la estandarización de tareas y la especialización del personal, la optimización de los tiempos y recursos de cada fuero.
Con ello se podría lograr un proceso judicial más previsible y sencillo y una mayor satisfacción de los usuarios del servicio de justicia.
Pero debido a que el proyecto propone un cambio de la cultura organizacional clásica de los tribunales del fuero no penal, se cree oportuno y conveniente poner el mismo a consideración de todos los actores del sistema judicial, por el término de noventa (90) días, para que expresen su opinión y realicen los aportes y propuestas que estimen convenientes.
En ese aspecto, el proyecto de creación de las OGA se pondrá a consideración de los jueces y funcionarios del fuero no penal, el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial; 3) Colegios Públicos de Abogados, el Sindicato de Trabajadores Judiciales, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la UNNE, y el Centro de Estudios Procesales.
CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO
La propuesta de reorganización por medio de las Oficinas de Gestión Administrativa surge de un estudio integral de los organismos involucrados, y tiene como bases las conclusiones de los Talleres: “Revisando Nuestra Gestión, Buscando Nuevas Prácticas – Edición 2022”, el trabajo de la Comisión para el seguimiento de la implementación y la experiencia del fuero penal con la OFIJU.
Se parte de la situación actual de juzgados con falta de unificación de criterios de modelos de trabajo en los distintos fueros; gestión insular de los procesos; Secretaría con diversas funciones internas y externas, incluyendo atención al público; continuas interrupciones de trabajo; y escasa posibilidad de reasignar personal inter orgánicamente.
Además, se registra distracción de la labor decisoria del Juez por problemas de organización del juzgado; traslado de decisiones al personal administrativo; vulneración de los principios de economía de escala; capacidad edilicia limitada; y altos costos de mantenimiento, recursos informáticos, humanos y de infraestructura.
En ese sentido, con las OGA se proponen nuevas estructuras para poner en marcha dicha reorganización y sus características generales, como ser la oralidad (audiencias con presencia del Juez); unificación de criterios de los despachos (providencias unificadas); despacho único dividido por tipo de procesos (despachos especializados); se establece la atribución de facultades a los funcionarios; y separación de funciones administrativas y jurisdiccionales; y se asigna un funcionario y un personal administrativo a cada Juez en funciones de relatoría, asistencia en audiencias y esquema del caso.
De esta forma se unifica la tramitación y se optimiza el tiempo del Juez, propiciando cambios necesarios.
Así, entre las ventajas del modelo se exime a los jueces y magistrados de tareas no jurisdiccionales, para que puedan centrar todo su esfuerzo en la función que les atribuye: juzgar y hacer ejecutar lo juzgado.
Se lograría asimismo una reestructuración más eficiente del trabajo y de los medios, así como un reparto más preciso y racional de funciones.
Entre los objetivos de la propuesta integral se pueden mencionar la mejora del servicio de justicia; mayor control y conducción del proceso; concentrar actos procesales en audiencias; reducir costos en los procedimientos; y lograr un proceso judicial más previsible y sencillo para los ciudadanos.
También se podría controlar la gestión, mediante información concreta. “Lo que no se mide, no se mejora”.
Según se entiende, la refuncionalización ayudaría a actualizar el rol de los operadores conforme a nuevos conceptos de gestión y tecnología; mejorar la organización interna y el clima laboral; designar a futuro jueces sin la estructura actual de los juzgados; y redistribuir los recursos materiales conforme la nueva estructura de trabajo logrando la despapelización total del trámite del expediente, entre otras metas.
Finalmente, conforme la estimación de costos elaborada por la Dirección General de Administración, se realizó una comparación del costo económico de la puesta en funcionamiento de un Juzgado con la estructura actual de trabajo y el costo de la puesta en marcha de un Juzgado conforme la nueva estructura y esquema de trabajo.
En ese sentido, se reduciría a más de la mitad el costo de implementación de un juzgado con Oficinas de Gestión Administrativa respecto a un juzgado tradicional.
Fuente Radio SudamericanaLunes, 7 de agosto de 2023
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