Condenas de hasta 21 años de prisión por el contrabando de cocaína a Europa 
El Tribunal Oral Federal de Resistencia condenó esta tarde a penas de hasta 21 años de prisión a los cinco imputados por el envío de una tonelada de cocaína a Europa en 2012, causa conocida como "Carbón Blanco", y ordenó la inmediata detención de cuatro de ellos, que se encontraban en libertad.
Los jueces aplicaron 21 años al abogado Carlos Salvatore (58), sindicado líder de la banda; 19 años al empresario futbolístico Patricio Gorosito (64) , 17 años al comerciante Héctor Roberto (61) y al intermediario Héctor Pérez Parga (60) y 12 años a Rubén Félix Esquivel (56), capataz de la planta de Carbón Vegetal de la localidad chaqueña de Quitilipi, desde donde salió la carga en la que se ocultó la droga.
El tribunal presidido por el juez Eduardo Ariel Belforte e integrado por Ramón González y Aldo Alurralde los halló coautores de los delitos de "asociación ilícita y contrabando de estupefacientes agravado por la cantidad inequívocamente destinada a comercialización y la pluralidad de partícipes, en concurso real".
Los magistrados ordenaron la inmediata detención de los condenados, que quedaron bajo la custodia de Gendarmería, y los fundamentos del veredicto serán leídos en el tribunal federal del Chaco el próximo 8 de octubre a las 12.
"No hemos tenido presiones de ninguna naturaleza" y "no hubo presión mediática", afirmó de modo contundente antes de la lectura de la resolución Belforte, en respuesta a planteos del abogado de Salvatore, Luis Sasso, cuando en su alegato dijo que iba a ser un "escándalo" la absolución de su asistido .
Asimismo, el tribunal aplicó una serie de accesorias como parte de las condenas, entre ellas la pérdida de prerrogativas y privilegios, inhabilitación para el ejercicio del comercio por cinco años, inhabilitación perpetua para la realización de trámites aduaneros y acciones de exportación e importación, la prohibición del ejercicio como funcionarios o empleados del Estado, así como costas a su cargo.
Además, fueron desestimadas una serie de nulidades requeridas por los defensores así como una denuncia por falso testimonio contra dos policías chaqueños y a un agente de Aduana.
En sus alegato, los fiscales Federico Carniel y Carlos Amad habían pedido condenas de 25 años de prisión para todos los imputados como miembros de la banda, en tanto que la querella, representada por la Afip-Aduana, había reclamado penas de 28 años de prisión para Salvatore y Gorosito, 23 años para Pérez Parga y Roberto y 16 años para Esquivel.
"La condena a Salvatore es ridícula", dijo a Télam uno de los defensores del sindicado líder de la organización, Claudio Lischfitz quien confirmó que una vez conocidos los fundamentos de la sentencia acudirán "a Casación, hasta la Corte Suprema de Justicia y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos".
"Ahora vemos el por qué de la salida del tribunal del juez (Rubén) Quiñónez, porque el juez Belforte dice que no hubo presiones, pero mejor que no aclare porque oscurece", agregó Lischfitz, quien vinculó el veredicto con los tiempos electorales en Chaco, ya que este domingo hay elecciones provinciales.
Por su parte, el defensor de Gorosito, Silvio Piorno, dijo a Télam que los magistrados obviaron "todas las leyes", en tanto que el patrocinante de Pérez Parga, Carlos De Césare indicó: "No puedo imaginar de qué pruebas se sostuvieron para aplicar condenas tan desmesuradas".
La audiencia realizada en Resistencia se inició esta mañana con la última manifestación de los imputados, que se declararon inocentes y pasó a un cuarto intermedio hasta la tarde, cuando finalmente se leyó el veredicto en la sala, que estuvo fuertemente custodiada y contó con la presencia de varios médicos debido a una descompensación que sufrió Esquivel.
En esa instancia, el empresario Gorosito aseguró que en el juicio "faltan jefes y faltan trescientos o cuatrocientos kilos de droga", e insistió en que "los jefes están afuera".
En el transcurso del juicio, iniciado en junio, cambió el presidente del tribunal, ya que el debate comenzó con la titularidad de Quiñónes, quien dejó el estrado por razones de salud, en tanto que se produjeron una serie de planteos, especialmente por la apertura de una nueva causa por otros envíos de droga.
Los hechos que se juzgaron fueron tres envíos entre noviembre de 2011 y marzo de 2012 de un total de 1057 kilos de cocaína de una pureza del 80 por ciento a Portugal en contenedores de carbón vegetal empacado en Quitilipi, por lo cual la instrucción del caso estuvo a cargo de la jueza federal de Presidencia de Roque Sáenz Peña, Zunilda Nieremperger.
Antes de que empezara el debate, Salvatore dijo que iba a mandar matar a la magistrada, según surgió de una escucha telefónica realizada en una causa conexa a esta, que es el lavado de activos provenientes del narcotráfico.Viernes, 18 de septiembre de 2015
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