CFK en libertad condicional 
El fallo del juez Claudio Bonadio dejó a Cristina Kirchner en libertad condicional, si se permite esta libre acepción de una figura judicial.
El pedido de desafuero para poder detenerla transforma la definición de su situación judicial en una cuestión política, que debe resolver la política. Ella está ahora a tiro de las manos levantadas de sus pares en el Senado. Fea situación para quien hasta hace dos años, y por una larga década, gobernó con la acumulación de poder más fabulosa que haya habido en este tiempo democrático.
Ese condicionamiento a la voluntad de los otros debe ser tan corrosivo como haberse quedado sin la caja y la chequera con las que hacer política y blandir el látigo disciplinador sobre propios y ajenos.
Parábola cruel de la política: el principal sostén de Cristina es Miguel Pichetto, fiel servidor de su gobierno antes, pero convertido hoy en su enemigo más aborrecido. Es el mismo que viene de dejarla afuera del bloque peronista que responde a la mayoría de gobernadores y sindicatos. El que la obligó a mostrar su verdadera fuerza al quebrar esa bancada y mostrar que del lado del peronismo que gobierna hay 25 senadores y del lado de ella permanecen apenas 8 opositores irreductibles, que militan contra cualquier cosa que haga Macri.
El Gobierno supo al menos con medio día de antelación que Bonadio iba a pedir el desafuero de Cristina para detenerla. Y que junto con eso ordenaría la prisión domiciliaria del ex canciller Héctor Timerman, además de la detención del alguna vez poderoso Carlos Zannini y de otros tres sujetos involucrados en el encubrimiento agravado en el atentado a la AMIA, por el que los procesó a todos.
No hizo falta violar la ilusoria y fantasmal independencia de los poderes, ni comisionar a un operador secreto llevando el mensaje encriptado. El simple requerimiento anticipado de fuerzas de seguridad para cumplir esas órdenes fueron aviso suficiente. La ministra Patricia Bullrich y la Agencia Federal de Inteligencia no pudieron haber hecho otra cosa que comunicárselo de inmediato al Presidente.
El gobierno supo medio día antes que Bonadio iba a pedir el desafuero y la detención de Cristina
Desde la oficina del juez el miércoles por la noche también le avisaron al Centro de Información Judicial, que depende de la Corte Suprema, que pocas horas después debían estar preparados para difundir un fallo del alto impacto político y público. No fue una comunicación formal, pero Ricardo Lorenzetti no pudo dejar de enterarse.
El sector peronista del Senado, donde el pedido de desafuero entró el jueves por la tarde, conocía a rasgos generales la orientación que estaba tomando Bonadio después de las declaraciones indagatorias a los ahora procesados y detenidos. No había mayor conmoción por ese destino marcado que le aguardaba a Cristina. Un senador cercano a Pichetto dijo que así y todo los sorprendieron un poco las detenciones. Pero admitió que alguna forma de aviso tuvieron acerca de lo que estaba por suceder. Después, los hechos efectivamente sucedieron.
Macri es el director de orquesta y Bonadio ejecuta la partitura dijo ayer una Cristina contenida, muy en papel de víctima institucional y lejos de la efigie de líder guerrera y emotiva; que clamó por la resistencia serena de todos los que se sientan –como ella- avasallados en sus derechos.
Al Gobierno, al menos en oficinas importantes de la Casa Rosada, la noticia del pedido de desafuero y detención de la senadora por la minoría bonaerense no pareció ocasionar demasiada felicidad; más bien se vio como un hecho tumultuoso en un país que ellos pretenden ordenar y normalizar.
En la Justicia, y hablamos de despachos gravitantes del Palacio de Tribunales, la decisión del juez Bonadio fue tomada con cierta precaución o distancia; en especial en el capítulo de las detenciones ordenadas por encubrimiento agravado en el Pacto con Irán.
Y en el Congreso, que completa el círculo de los tres poderes del Estado alcanzados por la onda expansiva de este fallo explosivo, Pichetto confirmó lo que ya había anticipado: el pedido de desafuero de Cristina no será tratado hasta tanto ella no tenga –como cualquiera en su situación- una condena firme, o sea una sentencia adversa ratificada en segunda instancia. Es de esperar que al menos hasta que comiencen las sesiones ordinarias del año próximo, el 1° de marzo, nada modifique esa situación.
Si los senadores de Pichetto algún día alzan la mano, con las manos de Cambiemos presumiblemente alzadas también, el desafuero de Cristina sería un hecho. Nada indica que eso vaya a suceder. Al menos por ahora. Pero es el condicionante que el fallo del juez Bonadio le deja estampado a Cristina en las puertas de su asunción efectiva como senadora, el próximo lunes.
Había mucha voluntad del oficialismo y la oposición constructiva para votar antes que ella llegara al Senado los acuerdos que el Gobierno había logrado con los gobernadores y la CGT. La razón para hacerlo atendía dos argumentos. El de Macri era mostrar que, detrás del rotundo triunfo electoral de octubre, se producían enseguida hechos que funcionarían como indicadores inconfundibles de un camino de transformación sin retorno. El del peronismo, apurar la aprobación de esos entendimientos con el Gobierno suponía zafar del compromiso de hacerlo con Cristina sentada en la banca, arrojando su oratoria flamígera sobre los acuerdistas que alguna vez fueron de su propia tropa.
Una parte de esos acuerdos urgentes con la oposición se votaron en el Senado. Fueron los sustanciales, en términos económicos. El reparto de fondos para las provincias, compensándole a María Eugenia Vidal el multimillonario Fondo del Conurbano perdido por Buenos Aires en tiempos de Kirchner. Y el nuevo cálculo del ajuste de las jubilaciones, un ahorro exprimido de uno de los sectores más vulnerables de la sociedad, del cual llevarán su parte los gobernadores.
Pero desde el día que empezó en política Macri sabe que no hay felicidad completa. Los cambios laborales están empantanados y con pronóstico reservado, porque allí sí hubo voces obstruyendo la transformación de ese acuerdo en ley. Voces que hablaron de traición y corrupción y que operaron como imagen de Satanás anta la que retrocedieron espantados los acuerdistas.
Aunque cerca del jefe de Diputados, Emilio Monzó, creen que hay algo de sobreactuación peronista en esa demora con la ley laboral. Quizá porque Pichetto, con inteligencia, no quiso cargar con el costo acumulado de tanto acuerdo con el Gobierno y prefirió, igual que la CGT, dejar que el verano ayude a distender el clima y votar lo que falta en marzo.
Mientras tanto, un eje principal del debate que se abre ahora gira alrededor del recurso de la prisión preventiva aplicado en pleno proceso, mucho antes de llegar a la condena y sin la certeza de que esa condena efectivamente llegará algún día.
Así están presos Amado Boudou y Julio De Vido, además de los detenidos ayer por el Pacto con Irán que supuso un encubrimiento agravado de ciudadanos de ese país en el atentado a la AMIA, según el fallo de Bonadio.
La privación de la libertad durante el proceso es muy común en otras áreas de la acción judicial pero novedosa, y por lo tanto revulsiva, en la política. Siempre se busca que los encausados no se fuguen ni tengan capacidad de obstruir la investigación. Pero cuando se involucra a dirigentes y funcionarios, la denuncia de persecución política queda ofrecida generosamente a los afectados. Y ellos, sus abogados y sus seguidores, la usan legítimamente con la misma generosidad. Es una discusión abierta en la que todas las partes invocan con derecho sus propias razones.
Lo que sucede, y esta es la novedad que provoca tanta urticaria, es que los jueces están construyendo una nueva jurisprudencia. Toman medidas cautelares, como los embargos para proteger bienes, o las detenciones preventivas para evitar fugas y entorpecimiento de las investigaciones.
Buscan así saltear los laberintos de un Código Procesal elaborado hace más de dos décadas, e inspirado en un garantismo que funcionaba como contracara de los abusos de gobiernos autoritarios y dictatoriales. Este Código permite, y más todavía facilita demoras interminables en las causas. La falta de celeridad y concreción en los casos de corrupción es una de las objeciones más fuertes que la sociedad hace a la Justicia.
Esa nueva doctrina, inaugurada en el caso que llevó a la detención de Julio De Vido, se originó en un fallo de la Cámara Federal que preside el respetado Martín Irurzun. De la Cámara bajó como orientación hacia los jueces federales, que son la primera instancia del proceso. Pero a la vez tiene respaldo último en la Corte Suprema, vértice irrefutable de la pirámide judicial.
Esta tendencia se verifica, en particular, desde que el gobierno de Macri mostró tener la fortaleza electoral suficiente para asentarse, llevar adelante su programa y remitir a una clara condición minoritaria y escasa de poder a Cristina y la larga lista de ex funcionarios acusados de una lista aún más larga de delitos contra el Estado.
Un sector social mayoritario, que no sólo integran los que apoyan a Macri, seguramente aprueba con satisfacción el espectáculo de Cristina y el kirchnerismo acorralados en la Justicia. Pero es deber del Gobierno y de los jueces asegurar que los avances tan esperados no degeneren en revanchismo al borde de la ley o en un nuevo ciclo de hostilidad y persecución a quienes piensan diferente del poder de turno.
Sería el daño más grande que se le pueda hacer hoy a nuestra democracia.Viernes, 8 de diciembre de 2017
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