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Carlos Menem quiere revelar los secretos de Estado

Continúa el proceso impulsado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de la Capital, que tiene trece imputados entre los que encuentran el senador Carlos Menem, Juan José Galeano, Carlos Telleldín y Hugo Anzorreguy, por las irregularidades que se habrían cometido en el marco de la tramitación de la causa iniciada a partir del atentado acaecido el 18 de julio de 1994 en la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).

El tribunal está integrado por los jueces Jorge Luciano Gorini, Karina Perilli y Néstor Guillermo Costabel, y en la causa están imputados Juan José Galeano, Eamon Gabriel Mullen, José Carlos Barbaccia, Hugo Alfredo Anzorreguy, Patricio Miguel Finnen, Rubén Ezra Beraja, Carlos Alberto Telleldín, Ana María Boragni, Víctor Alejandro Stinfale, Carlos Saúl Menem, Juan Carlos Anchezar, Jorge Alberto Palacios y Carlos Castañeda.

En el caso de Carlos Menem, a través de su defensa se hizo una presentación alertando que la indagatoria al exmandatario podría afectar la seguridad nacional. Pasa que las revelaciones que podría formular el senador nacional podrían afectar la “convivencia pacífica” con otros países, razón por la cual pidió que el Congreso lo releve de la obligación de guardar secreto de Estado.

Por otra parte, se le solicitó también al Tribunal Oral Federal 2 declarar la nulidad de su procesamiento por encubrimiento del atentado, al considerar que la llamada “pista siria” se investigó durante nueve años sin hallarse elementos que comprometan a Alberto Kanoore Edul.

El abogado de Menem Omar Daer expresó que “la obligación que tiene el doctor Menem de guardar el secreto de Estado está claramente respaldada por los actos de Gobierno y su declaración no relevado del secreto puede llevar a romper la convivencia pacífica con los terceros intervinientes”. Así las cosas, dijo, una indagatoria a Menem “podría afectar la seguridad nacional, intereses de la Nación y el conocimiento que él tiene podría afectar la convivencia pacífica” con otros países.

El letrado recordó que tras el atentado, el entonces presidente Menem pidió asistencia a la CIA, al Mossad, al MI6 británico, la inteligencia brasileña, y recibió información de esos organismos.

“La obligación que tiene el doctor Menem de guardar el secreto de Estado está claramente respaldada por los actos de Gobierno y su declaración no relevado del secreto puede llevar a romper la convivencia pacífica con los terceros intervinientes”, sostuvo.

En ese marco, el abogado defensor de Menem pidió que el Tribunal solicite al Congreso Nacional relevar a Menem de su obligación de guardar secreto, planteo al que adhirió luego la defensa de Anzorreguy.


Viernes, 21 de agosto de 2015
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