Cristina negó a Lázaro 
La ex presidente no quiso responder al juez Julián Ercolini. Presentó un escrito y acusó al gobierno de Macri de persecusión política.
“No soy amiga ni socia comercial” de Lázaro Báez, sintetizó ayer Cristina Fernández de Kirchner, al declarar -sin responder preguntas- ante el juez federal Julián Ercolini en una causa que investiga presuntas maniobras fraudulentas en la adjudicación de obras públicas en Santa Cruz.
En una oficina del cuarto piso de los tribunales federales de Comodoro Py, durante una hora y media, la ex presidenta realizó su descargo ante Ercolini y los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, los funcionarios que en agosto pasado pidieron la indagatoria.
Afuera del edificio, desde antes del mediodía, unas cinco mil personas se acercaron a expresar su apoyo a Cristina Fernández. “Vienen por ella, vamos por ella”, decía una pancarta del Partido Justicialista.
Los fiscales acusan a Cristina Fernández de haber ideado un plan (“asociación ilícita”) para enriquecerse a través de ilícitos con la adjudicación de obra pública, tras la llegada al Gobierno nacional de Néstor Kirchner.
La causa implicó la investigación de 49 obras viales y el movimiento de 16 mil millones de pesos, entre 2003 y 2015. En su llamado a indagatoria, el juez Ercolini argumentó que el “80% de la obra pública de Santa Cruz le fue adjudicada a Austral SA”, la constructora propiedad de Lázaro Báez.
Quejosa (con razón) por el estado de los baños de tribunales y tomando el agua que ella misma trajo (marca Glaciar), acompañada solo por su abogado Carlos Beraldi, Cristina Fernández estrechó “con frialdad” su mano a los fiscales, comentó un funcionario presente en la indagatoria. La ex mandataria pidió la nulidad del proceso y dijo ser víctima de “una persecución política”.
Cristina Fernández pidió que se agregue como descargo un escrito suyo presentado el 12 de octubre pasado en el que ya señalaba que Báez ocupó el puesto 38 en el ranking de empresas adjudicatarias de obras públicas.
Ayer, frente al juez, la ex presidenta volvió a apuntar a IECSA, la constructora que el presidente Mauricio Macri vendió a su primo Angelo Calcaterra, y recordó que hace poco tiempo, el gobierno de Cambiemos “modificó los pliegos” del proyecto de soterramiento del ferrocarril Sarmiento (que va desde el Once hasta el conurbano) y aportó 45 mil millones de pesos “cuando la financiación debía correr por cuenta de privados”.
Los fiscales Pollicita y Mahiques, ante esta acusación de Cristina Fernández, pidieron al juez que abra una investigación.
La ex presidenta también contraatacó sobre la figura del fiscal Mahiques. Dudó de su imparcialidad, al apuntar que es hermano de Juan Bautista Mahiques, representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura.
En la indagatoria, recordó que la obra pública “figura en el Presupuesto nacional votado por el Parlamento”; también dijo que son las provincias, mayormente, “las que llaman a licitación” y que “los jefes de Gabinete son los responsables de ejecutar el presupuesto”.
“Es una maniobra formidable de persecución política y hostigamiento mediático. No es original, lo vemos en Brasil con Lula y tiene como destinatarios a quienes representamos los procesos de inclusión social”, dijo a la prensa, al salir de la cita judicial.
Según trascendió, la ex mandataria corrigió con su puño la transcripción de su declaración. “Hay errores gramaticales”, apuntó.
La acusación sobre Cristina Fernández tiene cuatro pilares fundamentales: “1) La inserción del amigo presidencial en el negocio de la construcción vial; 2) la exportación de una estructura provincial (Santa Cruz) montada con gente de confianza a un nivel nacional; 3) la mayor concentración económica de obra pública vial de nuestro país en la provincia de Santa Cruz y 4) el direccionamiento de la adjudicación de la obra pública a favor del empresario Lázaro Báez”.
Las rueda de indagatorias incluye a 17 personas, y terminará el 28 de noviembre. Hoy será el turno de Julio De Vido y mañana seguirán el inefable ex secretario de Obras Públicas, José López, y Lázaro Báez.
Ercolini cuenta con un plazo de diez días para expedirse sobre la suerte del indagado: el procesamiento, el sobreseimiento o la falta de mérito, son las posibilidades. Ayer en tribunales, nadie podía asegurar cuándo podría finalmente expedirse el juez.
Ante sus incondicionales dijo que buscan su “proscripción”
“Me están haciendo la campaña”. La frase le fue atribuida a Cristina Fernández, a propósito del mega-operativo judicial montado ayer en los tribunales de Comodoro Py, donde la ex mandataria fue indagada por presuntos fraudes en la adjudicación de la obra pública.
Desde el kirchnerismo existe el convencimiento de que Cristina Fernández está siendo objeto de “una campaña de persecución y hostigamiento”. La ex presidenta, ayer, dijo que se persigue su “proscripción”.
Cristina Fernández llegó a los tribunales federales cerca de las 10.15, en un auto blanco, donde la esperaban unas cinco mil personas (muchas para un lunes al mediodía, pocas en comparación con abril pasado, la última vez que la mandataria había estado en Comodoro Py).
El área fue vallada por policías federales, gendarmes y prefectos. Cuando llegaba, una barrera de gendarmes empezó a empujar con sus escudos a los militantes. Cristina Fernández bajó del auto, y, casi en tono de orden dijo “no le peguen a la gente”.
Así, entró caminando mientras la militancia se abría a su paso.
Los diputados Héctor Recalde, Axel Kicillof y Juliana Di Tullio, Carlos Parrilli, Martín Sabbatella; el titular de una de las CTA, Hugo Yasky; Gabriel Mariotto y Luis D'Elía de Miles, el ex juez de la Corte Suprema, Eugenio Raúl Zaffaroni; el actor Fernán Mirás, y Hebe de Bonafini, entre otros, se acercaron a los tribunales del barrio de Retiro para saludar a Cristina Fernández.
“Cristina se queda esta semana en Buenos Aires”, comentó a este diario un referente de La Cámpora. La ex presidenta continuará con una agenda de actos y contactos con referentes peronistas y no peronistas.
A su alrededor nadie arriesga si será candidata en 2017. Pero coinciden en que episodios judiciales como el de ayer, “la ponen en campaña”.
Habrían falsificado la firma de Néstor
La presunta falsificación de una serie de firmas del ex presidente Néstor Kirchner en los libros societarios de la empresa Hotesur complica a la ex presidenta Cristina Kirchner y a sus hijos, Florencia y Máximo. El juez Ercolini ordenó peritajes en agosto del año pasado.
Según indicó en su edición de ayer el diario La Nación, la diputada Margarita Stolbizer puso la lupa sobre la autenticidad de las firmas y los libros societarios de Hotesur -controlante del hotel Alto Calafate- en 2015, en base a por lo menos dos situaciones que llamaron su atención.Martes, 1 de noviembre de 2016
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